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Una gran amenaza se cierne sobre la Tierra.

Los dinosaurios no vieron llegar el asteroide que los extinguió, nosotros llevamos años viendo llegar el calentamiento global, ¿cuál es nuestra excusa?

Esa es la conclusión a la que llegué al reflexionar tras asistir recientemente, como miembro de la AEE (Asociación de Ingenieros de la Energía) a IENER’19 en Madrid el pasado mes de junio, donde cabe mencionar dos de ellas, magistralmente expuestas y que, personalmente (y creo que ídem para el resto de asistentes), me dejaron sin palabras y con un alto grado de preocupación, no sólo porque estaban respaldadas por datos de fuentes muy fidedignas sino porque con cada aportación sobre los parámetros causantes del problema (niveles de CO2, incrementos de temperaturas medias, superficie de hielo en casquetes polares,…), contrastados con series históricas frente a los actuales, iban añadiendo dramatismo a las exposiciones conforme se iban desarrollando.

Hablo de la intervención de Álvaro Rodríguez, representante para España de THE CLIMATE REALITY PROJECT, organización fundada por el premio Nobel Al Gore y la de Elvira Carles, directora de FEC (Fundación Empresa y Clima), igualmente descriptiva e impactante.

Considerando entonces cómo los expertos ven el problema, la imagen de un gran meteorito que se dirige a la Tierra en rumbo de colisión me vino a la mente. Una colisión que nadie pone en duda se vaya a producir. Y, lamentablemente, tenemos fecha para el desastroso desenlace: la fecha de no retorno del problema del cambio climático, según los expertos, es el año 2030.

Realizando un análisis del problema, existen algunos de los factores que, por uno u otro motivo, pueden dificultar la puesta en marcha de las soluciones que lo mitiguen. La solución rigurosa al problema del cambio climático deberá enfrentarse a:

  • Las consecuencias del cambio climático varían según la posición geográfica y el nivel de desarrollo de cada país/gobierno, lo que se traduce en diferentes niveles de urgencia.
  • Los intereses económicos de algunos gobiernos, empresas y/o personas, generalmente con amplio poder económico y con amplio dominio de medios de comunicación, tienden a minimizar la gravedad del problema por intereses espurios. Se deben tomar complejas medidas para evitar este problema, pese a existir intereses económicos cruzados entre diferentes países y sus lobbies.
  • El cumplimiento al unísono de las medidas a adoptar por todos los gobiernos y toda la población mundial sin excepción, como creo que se requiere, constituye un grave problema en sí mismo.
  • La dificultad que supone la concienciación colectiva de los individuos de todos los países, que pasa por la promoción de la educación medioambiental para así conseguir la eliminación de intereses personales, locales y nacionales, constituyen un factor de compleja solución por su elevada dimensión.
  • La escasa solidaridad económica, necesaria entre los países mas ricos para con los menos desarrollados, en especial aquellos cuya fuente de ingresos provenga de fuentes que agravan el problema del cambio climático, constituye una dificultad más a considerar.
  • La pérdida de parte del “estado de bienestar” que pueden suponer las medidas a adoptar para el cambio climático y sus consecuencias, será una dificultad añadida a la hora de implementar dichas medidas y sus reglamentaciones para su cumplimiento.
  • El tiempo y el incremento de la población mundial corren en contra de las soluciones a adoptar para minimizar las consecuencias del cambio climático. Si atendemos a la fecha de no retorno, 2030, todo lo anterior debe estar resuelto con mucha urgencia para conseguir el efecto que se requiere, y con una población mundial que será de casi mil millones de habitantes más en dicha fecha.

En términos generales, si añadimos a lo anterior el deterioro del planeta por motivos de contaminación de océanos por materiales plásticos, vertidos incontrolados de productos químicos, sobrexplotación de recursos naturales, entre otros, podemos extraer la conclusión de que estamos ante la necesidad imperiosa de un cambio de modelo económico, energético y social y con muy poco espacio de tiempo para su implantación.

Ahora bien, ¿cuál es la situación en España? En este ya tardío momento, como en otros aspectos de la historia de nuestra España, debemos plantearnos con la seriedad que el asunto merece, la implementación de las medidas necesarias para mitigar los efectos del cambio climático y especialmente, sin descuidar otros, en el modelo energético.

Desde mi perspectiva profesional, nuestros gobernantes no están prestando la atención que el problema merece. Más allá de realizar pequeñas acciones inconexas y con claro tufo electoralista, de frenar medidas al colocar, por intereses del partido de turno en el gobierno, a sus elefantes en el retiro en las empresas energéticas y convertirse ambos en esclavos de las mismas… más allá de esto, la atención es nula. España viene saltándose sistemáticamente las directivas europeas en asuntos energéticos desde hace muchos años sin que, hasta la fecha, ni oposición ni gobierno lo haya criticado públicamente ni puesto en evidencia ante la opinión pública.

La magnitud del problema se merece, continuando con el necesario cambio de modelo energético, de un Plan Director que contenga las medidas necesarias y los agentes económicos y sociales que deban participar en él, marcando plazos, recursos económicos, legislación necesaria para su implantación, unificación de criterios en todas las administraciones, empresas afectadas, técnicos (que no políticos) que deban dirigirlo, inspectores de seguimiento, etc.

Para corroborar la necesidad de dicho Plan Director y poner en evidencia los palos de ciego en que andan nuestros gobernantes (y no me refiero únicamente al actual gobierno en funciones) comentaré algunos puntos que a mi juicio debiera contemplar este plan.

  • Movilidad sostenible: no se puede pretender acabar con los combustibles fósiles sin antes haber ideado un plan de implantación de puntos de recarga distribuidos por toda la geografía nacional. Claro que esto obliga a eliminar o rebajar los peajes de potencia contratada, buscar el plan adecuado de viabilidad e impositivo adecuado para que todos los agentes económicos (no solo los públicos) estén interesados económicamente en implantar puntos de recarga para que la población se plantee de forma seria el cambio a vehículos con movilidad sostenible. Muchos edificios públicos, por ejemplo, a ciertas horas no tienen necesidad de energía y podrían poner cargadores a disposición del público.
  • Disponemos de cientos de miles de metros cuadrados de cubiertas en los edificios públicos y casi otras tantas empresas y entidades financieras dispuestas a instalar y financiar la instalación de paneles solares fotovoltaicos que, por un lado, ahorrarían energía y gasto público, y por otro lado, generarían trabajo contribuyendo a la mitigación de los efectos del cambio climático.
  • El necesario cambio de equipos de alumbrado público y, en general, de todo el consumo energético de los edificios e instalaciones públicas. Se requiere la renovación por otros más eficiente, pero, aquellos ayuntamientos y organismos públicos que lo están realizando, si lo están haciendo, es utilizando asignaciones que algún organismo público lo que incrementa el tiempo de implantación de las medidas de cinco a diez veces más que si se pone en manos privadas. Ahorrando, en consecuencia, de cinco a diez veces menos energía y, por supuesto, dinero.
  • La generación de marcos jurídicos que permitan llevar a cabo los proyectos energéticos de forma eficiente, segura y preservando tanto los intereses de las empresas como del erario público es tan importante como los objetivos que se pueden alcanzar. En estos momentos el marco jurídico es tan deficiente que los pocos concursos públicos que se licitan para la eficiencia energética se eternizan, debido a las continuas impugnaciones que se producen por deficientes y poco estudiados pliegos de condiciones.
  • Es de vital importancia la educación para el ahorro energético de la población y el fomento del consumo responsable energéticamente hablando, quizá obligando a los fabricantes a indicar la energía empleada en la producción de los artículos (previamente auditada por organismo independiente), de forma que los consumidores puedan elegir aquellos productos que menos energía precisaron para su fabricación.
  • La mayoría de los polígonos industriales no disponen de un adecuado transporte público, ni plan para resolver este problema, pese a la gran cantidad de personas que trabajan en ellos sin posibilidad de existir alternativa para su desplazamiento. Igualmente es de aplicación la necesidad de implantar cargadores en dichos polígonos para facilitar el uso de transporte sostenible para aquellos profesionales que lo requieran.

Como conclusión, España, como país desarrollado, debe hacer frente en primera línea a la guerra contra el cambio climático, adecuando o cambiando el modelo energético, los hábitos de consumo sostenible, la educación ciudadana, creando Planes Directores a nivel nacional por técnicos cualificados (que no políticos), legislando, dando ejemplo, exigiendo y ayudando, si procede, a otros países a implantar medidas para mitigar el problema y, todo ello, dejando al margen las consideraciones políticas e intentando alcanzar, frente a este problema, el nivel de implicación de aquellos  países más involucrados del planeta.

Una gran amenaza se cierne sobre la Tierra. Los dinosaurios no vieron llegar el asteroide que los extinguió, nosotros llevamos años viendo llegar el calentamiento global, ¿cuál es nuestra excusa?

RAFAEL MÍNGUEZ MARTÍ. Ingeniero industrial y gerente de Germanía de Instalaciones